domingo, 16 de octubre de 2011

Sobre el modelo teórico de la ponderación de principios de Robert Alexy

Algunos puntos que se consideran importantes para su mejor entendimiento
                        (Un trabajo netamente descriptivo)

1. En un sistema jurídico moderno las normas o son reglas o son principios.
2. Dos formas básicas para aplicar normas: la subsunción y la ponderación.
3. Las reglas se aplican mediante la subsunción y los principios a través de la ponderación.
4. Los principios son mandatos de optimización, es decir, aquellos que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes.
5. Existe una colisión entre principios cuando en un caso concreto son relevantes dos o más disposiciones jurídicas, que fundamentan prima facie dos normas incompatibles entre sí, y que pueden ser propuestas como soluciones para el caso.
6. La ponderación es la forma de resolver esa incompatibilidad entre normas prima facie.
7. Para establecer la relación de precedencia condicionada entre los principios en colisión, es necesario tener en cuenta tres elementos que forman la estructura de la ponderación: a) la ley de ponderación, b) la fórmula de peso y c) las cargas de argumentación.
8. Según la ley de la ponderación, “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”.
9. La ponderación se puede dividir en tres pasos: (1) En el primer paso es preciso definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios. (2) Luego, en el segundo paso, se define la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. (3) Finalmente, en un tercer paso, debe definirse si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro.
10. El grado de afectación de los principios puede determinarse mediante el uso de una escala tríadica o de tres intensidades. Así, el grado de afectación de un principio en el caso concreto puede ser “leve”, “medio” o “intenso”.
11. El grado de afectación no es la única variable para determinar, en el tercer paso, si la satisfacción del segundo principio justifica la afectación del primero. En tal sentido, la segunda variable es el llamado “peso abstracto” de los principios relevantes de acuerdo con la concepción de los valores predominante en la sociedad.
12. La tercera variable se refiere a la seguridad de las apreciaciones empíricas, que versan sobre la afectación que la medida examinada en el caso concreto proyecta sobre los principios relevantes.
13. La existencia de la tercera variable surge del reconocimiento de que las apreciaciones empíricas relativas a la afectación de los principios en colisión pueden tener un distinto grado de certeza y, dependiendo de ello, mayor o menor deberá ser el peso que se reconozca al respectivo principio.
14. Los pesos concretos y abstractos de los principios que concurren a la ponderación, así como la seguridad de las premisas empíricas, se relacionan en la “fórmula de peso”, pues a partir de su aplicación es factible determinar, en el tercer paso, si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro.
15. La fórmula de peso tiene la siguiente estructura:

                 IPiC  ∙  GPiA  ∙  SPiC
GPi,jC =----------------------------------
               WPjC  ∙  GPjA  ∙  SPjC

16. La formula expresa que el peso del principio Pi en relación con el principio Pj, en las circunstancias del caso concreto, resulta del cociente entre el producto de la afectación del principio Pi en concreto, su peso abstracto y la seguridad de las premisas empíricas relativas a su afectación, por una parte, y el producto de la importancia de satisfacción del principio Pj en concreto, su peso abstaracto y la seguridad de las premisas empíricas relativas a su afectación, por otra.
17. A las variables referidas a la afectación de los principios y al peso abstracto, se les puede atribuir un valor numérico, de acuerdo con los tres grados de la escala tríadica, de la siguiente manera: leve 2º, o sea, 1; medio 2¹, o sea, 2; e intenso 2², o sea, 4. En cambio, a las variables relativas a la seguridad de las premisas fácticas se les puede atribuir un valor de: seguro 2º, o sea, 1; plausible 2ˉ¹, o sea, ½; y, no evidentemente falso 2ˉ², es decir, ¼.
18. El tercer elemento de la estructura de la ponderación son las cargas de argumentación. Éstas operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula de peso, es decir, cuando los pesos de los principios son idénticos (GPi,jC = GPj,iC).
19. Robert Alexy parece defender dos posiciones, una en la Teoría de los Derechos Fundamentales y otra en el Epílogo a dicha teoría.
20. En la primera defiende la existencia de una carga argumentativa a favor de la libertad jurídica y la igualdad jurídica.
21. En la segunda obra, sostiene que en los casos de empate, la decisión que se enjuicia aparece como “no desproporcionada” y, por tanto, debe ser declarada constitucional. Esto quiere decir, que los empates jugarían a favor del acto que se enjuicia, acto que en el control de constitucionalidad de las leyes es precisamente la ley. En otras palabras, jugaría a favor del principio democrático en que se funda la competencia del Parlamento.
                                                                       @antoniojcar

El Derecho como argumentación. Última parte

Una perspectiva de Manuel Atienza

Finalmente, como se dijo en la tercera parte de éste pequeño análisis descriptivo, para nuestro autor las tres concepciones sobre la argumentación (formal, material y pragmática o dialéctica), pueden resultar complementarias, en el sentido de que una teoría que denomina adecuada de la argumentación jurídica, no podría dejar de considerar ninguno de esos tres enfoques.

La razón, según expone, es que el Derecho en cuanto práctica racional y, en particular el Estado de Derecho, el Estado constitucional, presupone no sólo valores de tipo formal, sino también de tipo material y de tipo pragmático o político.

En este sentido, señala que varias cuestiones que se plantean en el ámbito de la argumentación jurídica y de la teoría del Derecho, podrían clarificarse teniendo en cuenta las tres perspectivas de que se habla, entre ellas: la distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación; el criterio de demarcación entre las buenas y malas argumentaciones; la clasificación de las falacias jurídicas, de los malos argumentos que parecen buenos y que con cierta frecuencia se emplean en las diversas instancias de elaboración, sistematización y desarrollo del Derecho; o la conexión entre las teorías de la argumentación y de la interpretación jurídica.

En fin, hasta aquí un breve acercamiento a un aspecto minúsculo del extenso pensamiento del maestro Manuel Atienza.
                                                                                                              J.c. Antonio

sábado, 15 de octubre de 2011

El Derecho como argumentación. Tercera parte

Una perspectiva de Manuel Atienza

¿Qué significa argumentar? ¿Qué es un argumento?

El punto de partida de nuestro autor para dar respuesta a dichas preguntas, es el siguiente: En una argumentación –como actividad– y en un argumento –como resultado de esa actividad– existen por lo menos cuatro elementos: a) un lenguaje, b) una conclusión, c) una o varias premisas y, d) una relación entre las premisas y la conclusión.

Ahora bien, la forma en cómo se interpretan esos elementos, la explica a través de tres concepciones que tuvo a bien denominar: (1) formal, (2) material y (3) pragmática o dialéctica.

La primera, afirma, es característica de los lógicos, quienes definen un argumento como un encadenamiento de proposiciones, en donde, en un argumento deductivamente válido, si las premisas son verdaderas, necesariamente lo será también la conclusión. Pero asevera que en este enfoque la relación siempre será formal, en virtud de que en su aplicación no se exige entrar a considerar el contenido de verdad o de corrección de las premisas. Es decir, lo que garantiza el paso de las premisas a la conclusión son siempre reglas de carácter formal.

En tal sentido, refiere que dicho análisis se centra más en los argumentos y no tanto en la actividad de argumentar. Aunque luego explica que en esta concepción más que de argumentos habría que hablar de esquemas de argumentos que se expresan en un lenguaje artificial que no se corresponde exactamente con algún lenguaje natural. Lo anterior, como ya se dijo, derivado de su carácter eminentemente formal.

Consecuentemente, concluye que fuera de algunas excepciones –algunas partes de la matemática y la propia lógica– los criterios que proporciona la lógica deductiva para controlar la corrección de nuestros argumentos no pueden considerarse nunca criterios suficientes.

La segunda concepción, la material, es la que atañe al razonamiento jurídico. Para tal efecto, el autor hace referencia a los pensamientos de Viehweg y Raz principalmente. Respecto del primero, expone sus ideas en torno a que en la argumentación jurídica lo que importa no es el ars iudicandi, es decir, la técnica consistente en inferir proposiciones de otras, sino el ars inveniendi, esto es, el descubrimiento y examen de las premisas. En éste último punto, se recurre a los “tópicos”, que equivalen a los argumentos materiales, a enunciados de contenido, a premisas no formales que ofrecen apoyo para la resolución de un problema práctico.

Hace referencia también –en el pensamiento de Viehweg–, a la distinción entre justificación interna y externa. La interna se reduce a cuestiones de lógica deductiva, es decir, la validez de una inferencia a partir de ciertas premisas dadas. La externa, por su parte, se refiere a la justificación de esas premisas, lo que ya no puede hacerse recurriendo a teorías meramente formales, sino a otras como las teorías de la interpretación o valoración de la prueba.

Por otro lado, para Raz, afirma el autor, las premisa no son ya simples enunciados, sino razones y, “una razón –escribe el propio Raz– es un hecho que por sí mismo basta para imponer cierto curso de acción, siempre que no haya otros factores que la derroten”. Por ende, un razonamiento no será puramente una inferencia regida por reglas formales, sino un procedimiento para resolver un conflicto entre razones.

Ahora bien, de acuerdo con la exposición de nuestro autor, en la concepción pragmática o dialéctica, la argumentación se concibe como un tipo de acción o de interacción lingüística. Explica que es un acto de lenguaje complejo que tiene lugar, en general, en el contexto de un diálogo, cuando aparece una duda o se pone en cuestión un enunciado y se acepta que el problema ha de resolverse por medios lingüísticos y no por la fuerza u otro tipo de presiones externas al discurso. Es una actividad regida por determinadas reglas de comportamiento (lingüístico) de los sujetos que intervienen en ella. Es lenguaje, pero en un aspecto pragmático. Avanza en la medida en que los intervinientes van haciendo concesiones. Inferir, afirma, consiste aquí en el paso de unos enunciados a otros mediante la aceptación, mediante el consenso.

Finalmente, explica que la existencia de concepciones distintas no implica necesariamente que sean incompatibles entre sí. En todo caso, señala, habría que tratarlas como complementarias.
                                                                                                        J.c. Antonio

jueves, 13 de octubre de 2011

El Derecho como argumentación. Segunda parte

Una perspectiva de Manuel Atienza

En la primera parte concluimos que para nuestro autor, en el Derecho de las sociedades democráticas no sólo importan las decisiones, sino las razones que pueden darse a favor de esas decisiones.

Pues bien, al respecto afirma que tanto con las decisiones como en general con las acciones humanas, pueden distinguirse dos tipos de razones: explicativas y justificativas. Las primeras responden a las preguntas ¿por qué? y ¿para qué? Es decir, dan cuenta del motivo y la finalidad de la decisión tomada. Por su parte, las segundas están dirigidas a lograr que la decisión resulte aceptable o correcta.

Expone que explicar y justificar son operaciones que muchas veces se entrecruzan, de ahí su afirmación de que el razonamiento jurídico es, en última instancia, justificativo, aunque eso no implica que las razones explicativas jueguen un papel importante e incluso decisivo en muchos casos.

En tal sentido, refiere que motivar una sentencia significa, en esencia, ofrecer una justificación, no una explicación, de la decisión tomada.

Al cuestionarse cómo es que pueden justificarse las decisiones, señala que puede hacerse básicamente de tres maneras: (1) apelando a la autoridad, (2) al procedimiento y/o (3) al contenido.

En la primera, manifiesta que el único objeto posible de discusión es si la decisión se dictó por quien podía y debía dictarla. No obstante, expone que si al requisito de la persona se le añade la necesidad de cumplir con un determinado procedimiento -controlable racionalmente-, las posibilidades de discusión aumentan. Por último, asevera que las mayores posibilidades de control y discusión se dan en donde la justificación de las decisiones se hace depender tanto de la autoridad como del procedimiento y del contenido. Esto es, cuando existen normas que regulan quién, cómo y con qué contenido (es decir, dentro de qué límites, con qué objetivos, etc.) puede establecer o aplicar normas jurídicas, y existe también una metanorma que obliga a quienes establecen y aplican normas a dar razones que justifiquen el haber seguido precisamente esas normas.

Con ese enfoque, concluye este apartado diciendo: Cuanto mayor sea la fuerza de este mecanismo de justificación, tanto mayor también la necesidad de argumentar.

                                                                                                            J.c. Antonio

domingo, 9 de octubre de 2011

El Derecho como argumentación. Primera parte

Una perspectiva de Manuel Atienza
Primera Parte

El autor propone un cuarto enfoque distinto a las concepciones del Derecho como norma (normativismo), como hecho (realismo jurídico) o como valor (iusnaturalismo). Afirma que el Derecho como argumentación da sentido a las perspectivas anteriores y cobra especial relevancia en las sociedades democráticas; aunque explica que el Derecho no es -y no puede ser- sólo argumentación.

En una metáfora identifica al normativismo como los componentes del edificio jurídico. El Derecho, así contemplado, se reduce a una serie de enunciados, a lenguaje. En el segundo enfoque, el del realismo jurídico, señala que interesa la funcionalidad del edificio, pues pone énfasis no sólo en el lenguaje, sino en el comportamiento humano, en particular, en el comportamiento judicial. Desde la tercera perspectiva se destaca lo que podría llamarse la idealidad del Derecho. Siguiendo la misma metáfora, ejemplifica que lo que importa ahora no es ni el edificio ya construido ni el proceso de su construcción, sino los requisitos que tendría que cumplir lo que cabría calificar como edificio modélico (el Derecho justo).

En su propuesta expone que el punto de partida es considerar al Derecho como una técnica para la solución de determinados problemas prácticos. En tal sentido, propone una visión pragmática, dinámica y, en cierto modo, instrumental del Derecho; pero no contempla el Derecho como un instrumento que pueda ser utilizado para cualquier fin, sino –y lo dice con cierta solemnidad- como un instrumento de la razón práctica.

Bajo el mismo ejemplo de su metáfora, afirma que su postura sería la perspectiva de quien no se limita a contemplar el edificio desde fuera, ni a participar en su construcción simplemente como un técnico que opera con una racionalidad de tipo instrumental, sino como alguien comprometido con la tarea de mejorar una obra imperfecta y siempre inacabada, pero no por ello carente de sentido. Explica que lo que la dota de sentido es la idea de que el Derecho es un medio poderoso para lograr objetivos sociales valiosos y para hacer que se respeten los principios y valores de una moral racionalmente justificada.

En esa línea argumentativa, se pregunta ¿cómo es que se conecta su enfoque con la argumentación y por qué lleva mayor medida que los otros a considerar el Derecho como argumentación? Afirma que la idea fundamental radica en que el ideal regulativo del Estado de Derecho es el sometimiento del poder a la razón, no de la razón al poder. De ahí que exponga que las decisiones de los órganos públicos deben estar racionalmente fundamentadas.

El Estado de Derecho exige que el Derecho aparezca esencialmente bajo la forma de razonamiento, de razonamiento práctico justificativo.

En efecto, refiere que el Derecho puede verse como un entramado de decisiones vinculadas con la resolución de ciertos problemas prácticos. Pero expone que en el Derecho de las sociedades democráticas, lo que importa no son sólo las decisiones, sino las razones -o cierto tipo de razones- que pueden darse a favor de las decisiones.

                                                                                                            J.c. Antonio